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MODIFICACIONES A LEY NO 20.393 DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN EN CUARENTENA O AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO

Si bien es cierto que la Ley Nº 20.393, establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en relación a los llamados delitos económicos tales como la negociación incompatible, administración desleal y cohecho entre particulares, y que dado a esto se propulsó realmente el Compliance Penal en Chile, o lo que es lo mismo la aplicación de la prevención de delitos a través de modelos, también llamados programas de cumplimiento legal o compliance programs.
 
Debemos decir, que la ley ha sido modificada después de eso en varias oportunidades, observándose una clara tendencia del legislador a establecer mayores responsabilidades penales a las personas jurídicas. Resaltado entre estos el Proyecto de Ley de Delitos Económicos que amplía el catálogo de delitos de la ley 20.393 a más de 100, y el proyecto de Nuevo Código Penal derechamente elimina el catálogo de delitos, estableciendo la potencial responsabilidad de la persona jurídica ante cualquier delito, en la medida que se cumplan determinados requisitos.
 
Dicho lo anterior, resulta relevante señalar que la modificación más reciente a la ley de fecha 12 de febrero de 2022, se incorporo, entre otras cosas, la responsabilidad penal a vinculada al empleador en relación a los trabajadores que se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria según lo indicado en el artículo 1 de la ley in comento en concordancia con al artículo 318 ter del Código Penal que señala la tipología penal de la siguiente forma: “El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir.”
 
Considerando que esta modificación ya está vigente, resulta necesario que las organizaciones actualicen los Modelos de Prevención de Delitos a la normativa vigente, levantando los riesgos de incumplimiento, elaborando protocolos y haciendo las capacitaciones correspondientes a fin de mitigar eficazmente los riesgos detectados.
 
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