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RESULTA LEGÍTIMO CUESTIONAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES POR CUANTO ESTE IMPIDE A LOS ALUMNOS INTRODUCIR MODIFICACIONES.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió el recurso de protección deducido por un egresado cuyo título profesional no es otorgado por la Universidad por no estar al día respecto a su situación arancelaria, alegando que la vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y educación.
Adujo la recurrida que fue alumno regular, manteniendo una relación contractual, indicando que la principal obligación de la Universidad es la de otorgar educación universitaria a través de sus distintas carreras y unidades académicas y, como principal obligación del estudiante es el pago del arancel de matrícula y arancel anual de la carrera o programa, según sus alegatos concluye indicando que los alumnos que ingresan a la Universidad se obligan a pagar por los servicios antes especificados el arancel de pregrado, el cual se compone por el derecho básico de matrícula y el arancel anual que la Universidad establezca anualmente, sin perjuicio de los recargos en caso de mora o retardo en el pago de la cuota sugerida del mes correspondiente.
Ahora bien, a ese punto la Corte de Valparaíso señaló que el contrato de prestación de servicios educacionales es un contrato de adhesión en que el alumno no puede introducir modificaciones ni cuestionarlo prima facie, por lo que resulta legítimo cuestionarlo en sede jurisdiccional. Así lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en causa Rol 85.343-2020.
Considera también, que la forma legal de solicitar el cumplimiento de las obligaciones que se estiman incumplidas es a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes, teniendo la universidad la vía del cobro ordinario o ejecutivo según corresponda, por lo que su derecho a recibir la contraprestación en dinero no se ve amenazado por cuanto existen vías judiciales para el cumplimiento de las mismas.
En ese orden de razonamiento, concluyó que la situación de un egresado que ha cumplido con todas y cada una de las etapas para la obtención de su grado académico, pero que se ve impedido de hacerlo por exigencias derivadas de su incumplimiento pecuniario que lo deja en situación de deuda, es discriminatoria, pues se realiza una distinción en relación a otros alumnos que sí pueden acceder al proceso de titulación respectivo, resaltando que la casa de estudios al no proceder a otorgarle su título profesional, impide ejercer esa profesión, cuyos ingresos le permitirían contribuir al pago de sus obligaciones pecuniarias pendientes con el plantel universitario recurrido.
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