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RECURSO DE INAPLICABILIDAD Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

Sobre el recurso de inaplicabilidad interpuesto por los colegios privados relacionado con los beneficios que otorga la ley la ley Nº 21.152 a de los asistentes de la educación dependientes de los establecimientos particulares subvencionados del DFL 2 de 1990
El artículo 96 Nº 6 de la Constitución Política de la República de Chile permite al Tribunal Constitucional resolver la inaplicabilidad de un precepto legal que puede ser contraria a la Constitución. Se trata de una revisión que hace el mentado tribunal de una aplicación legal específica en sede judicial. En el caso que comentamos la sentencia del Tribunal Constitucional fue estimatoria, por lo tanto, el tribunal ordinario, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, le queda prohibido la aplicación del precepto en la gestión respectiva, sin embargo, aun el juez tiene plena libertad para sentenciar la gestión en el fondo de acuerdo aquellas fuentes que no hayan sido afectadas por la sentencia de inaplicabilidad.
Para interponer este recurso debe existir una gestión judicial pendiente. En el caso, un grupo de colegios particulares interpuso en julio del año pasado un recurso de protección Contra el ordinario 07/ 2306 de fecha 31 de mayo del año 2019 en que el SEREMI instruye a los colegios particulares para otorgar el beneficio establecido en el artículo 56 de la ley Nº 20.152, este artículo obliga hacer extensivo a los colegios particulares subvencionados los beneficios laborales contenidos en la ley Nº 21.109 como lo son la jornada de trabajo de 41,5 horas, el feriado anual ampliado, más las vacaciones de invierno y otros beneficios; los cuales, según los recurrentes, acarrea un daño a todos los colegios particulares, por lo que la aplicación de los beneficios en las condiciones en que ordena el ordinario es, en resumen para ellos ilegal, arbitraria y discriminatoria. Estando pendiente este recurso de protección, se interpone el de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional respecto del ya mencionado artículo 56.
En la sentencia, Tribunal Constitucional considera que a los asistentes de la educación de los establecimientos subvencionados se les debe aplicar el código del trabajo y no un estatuto especial. Luego, entonces se hace cargo el tribunal de la aplicación del estatuto docente a los profesores de dichos establecimientos. En realidad dicha disparidad entre el profesor y el asistente en el tratamiento legal, se justifica por la función profesional educacional, en el sentido que ellos se le aplica un estatuto especial debido a la importancia y especialidades de su función docente. Los asistentes de la educación no tienen particularidades que lo permitan distinguir de otras personas a las cuales se les aplique en igual función el estatuto general del Código del Trabajo
También la magistratura establece que la aplicación del precepto importa una diferencia arbitraria, puesto que se trata igual a quienes no son iguale s(establecimientos públicos versus establecimientos privados ) ya que los establecimientos públicos tienen una naturaleza y tratamiento presupuestario distinto al tratamiento de los colegios particulares subvencionados.
El problema que va a generar es otra desigualdad. Y es que los trabajadores de los establecimientos públicos tendrán un estatuto privilegiado en relación con los asistentes educacionales de los colegios particulares subvencionados. Otra vez, el problema de fondo es de técnica legislativa en el sentido de que esta disposición fue incluida por una moción parlamentaria sin considerar ni el financiamiento ni las particularidades de estos trabajadores.
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